Mientras el país lidia con la violencia criminal, el Gobierno decidió arrancar su “reordenamiento” económico subiendo el precio del diésel. No es un detalle técnico, es un golpe directo a quienes producen, transportan y sostienen la economía local. La reacción en las calles no es un capricho, es la voz de quienes no pueden aguantar que, de un día para otro, les cambien las reglas sin preguntarles nada.

Crimen organizado vs. protesta social

La doble vara salta a la vista. Contra el crimen organizado hay promesas y operativos que se quedan cortos, mientras comunidades enteras siguen bajo extorsión. Contra la protesta social, en cambio, la respuesta es inmediata, pues observamos derechos limitados, territorios militarizados y un silencio que se vende como paz. Pero un país frágil no necesita garrote ni decretos sorpresa, necesita confianza y reglas claras. Subir el diésel sin una transición pactada no solo encarece la vida, también frena la producción y genera más tensión.

Lo que el Gobierno no quiere discutir

El discurso oficial dice que el subsidio “termina en el contrabando y la minería ilegal” y promete que el transporte público no subirá gracias a compensaciones. Si es así, entonces la focalización debería ser clara y abierta, con padrones públicos, auditorías y cifras que cualquiera pueda verificar. Subir el precio a todos sin mostrar cómo se compensa no es reforma, es castigo.

Una reforma seria debería tener, al menos, tres cosas. Primero, un cronograma de transición que dure varios años, segundo, una mesa de diálogo donde realmente se escuche a los sectores afectados y, tercero, un plan para proteger a las economías locales de los impactos.

A todo esto se suma el frente legal. La Corte Constitucional suspendió el Decreto 148, con el que el Ejecutivo quería abrir la puerta a una Constituyente de “plenos poderes”. Tras ello, el Gobierno maniobró derogando dicho decreto y, de forma paralela, el CNE aperturó el calendario electoral para una consulta popular de solo dos preguntas. Con esta jugada, el Ejecutivo buscaba que, si la Corte volvía a pronunciarse en contra de un nuevo decreto con el mismo objetivo, se pudiera acusar a la CC de injerencia en el proceso electoral y se abriera la posibilidad de destituir a sus miembros. Finalmente, el CNE remitió el nuevo decreto a la CC, que en un primer momento se pronunció favorablemente sobre la vía para convocar una asamblea constituyente, quedando pendiente su control formal. Allí se definirá si procede o no, garantizando derechos de participación y reglas claras. Esa secuencia refleja una jugada oscura que pretendía romper el orden constitucional, la institucionalidad y una flagrante violación a la norma suprema. Un gobierno fuerte no es el que decreta más, sino el que sabe convencer y cumplir lo que promete.

Lo que debería hacerse

La salida es bastante clara. Derogar el Decreto 126 y reemplazarlo por un plan de focalización trabajado con los sectores productivos y con metas claras. Levantar el estado de excepción y volver al camino político, lo que incluye mesas públicas, compromisos y evaluaciones constantes.

Lo que está en juego no es solo un subsidio, es la manera en que se gobierna. Defender la protesta no significa defender el caos, significa pedir reglas claras y un Estado justo. Ecuador merece un gobierno que dialogue y respete la ley, no uno que reprima a su gente mientras cierra los ojos frente al poder del crimen.

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Marco normativo que Noboa intenta saltarse

Constitución:

• Art. 104: regula las consultas y exige control de constitucionalidad de la convocatoria y de las preguntas.
• Art. 438 (núm. 2): atribuye a la CC el control previo y vinculante de mecanismos de democracia directa que afecten la Constitución.
• Art. 441,442 y 444: delimitan los caminos de enmienda, reforma y proceso constituyente; no hay atajo plebiscitario para “plenos poderes”.
• Art. 443: La CC califica cuál de estos procedimientos corresponden en cada situación.
• Art. 424 (inc. 1): supremacía constitucional: todo acto contrario a la Constitución carece de eficacia jurídica.
• Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional: art. 102 desarrolla el control previo de la CC.
• Art. 438.2 establece que ese dictamen es previo y vinculante de constitucionalidad.

En otras palabras

Si no existe un dictamen previo de la CC, no existe consulta válida ni camino legítimo a “plenos poderes”. Cualquier resultado sería nulo.

Qué dijo (y decidió) la Corte Constitucional

El 19 de septiembre, la CC admitió cinco demandas de inconstitucionalidad (127, 128, 129, 130 y 131-25-IN) y suspendió provisionalmente los efectos del Decreto 148. Mientras la suspensión esté vigente, no procede impulsar la consulta ni generar actos derivados. Cualquier autoridad que ignore la decisión se expone a responsabilidades por incumplir una orden válida de la justicia constitucional. Ese día la CC también informó sobre una amenaza de bomba, que repudió como intento de intimidación.

Consecuencia jurídica inmediata: mientras esté vigente la suspensión, toda actuación que pretenda impulsar esa consulta o darle efectos viola una decisión legítima de autoridad competente y abre responsabilidad política, administrativa e incluso penal por desacato e incumplimiento.

Por qué “plenos poderes” es sinónimo de deriva autoritaria

Una constituyente sin control previo concentra poder, desarma contrapesos y convierte la regla de mayoría coyuntural en licencia para arrasar con derechos y con el diseño del Estado. Llamar a eso “participación” es propaganda. El procedimiento existe para proteger al pueblo de los gobernantes, no para blindar a los gobernantes del pueblo.

El intento político detrás

• Se busca plebiscitar el poder para reescribir reglas con sello personalista;
• Se instala la falacia de que “la Corte impide que el pueblo decida”; en realidad, la Corte garantiza que el pueblo decida dentro de la ley;
• Se presiona a las instituciones, incluso con amedrentamientos, para forzar un hecho consumado.

Llamado claro

El Ecuador enfrenta una disyuntiva nítida entre institucionalidad y autoritarismo. Defender la Constitución no es un capricho jurídico, es defender la democracia. El Decreto 148 y la ruta hacia una constituyente sin dictamen previo resultan inválidos, riesgosos y políticamente inaceptables. Ningún presidente está por encima de la Constitución; quien insiste en saltársela no actúa como reformista, sino como aprendiz de dictador.

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Abrir el grifo y no saber si habrá agua no puede ser la normalidad de un cantón que crece como Daule. En La Aurora, por ejemplo, donde se concentran miles de familias y más de un centenar de urbanizaciones, los cortes y la inestabilidad del servicio golpean la vida diaria y el bolsillo. Esto se refleja desde la ducha que no ofrece agua hasta el negocio que pierde ventas. Eso no es progreso, es abandono. 

Hablemos claro. El acceso continuo y seguro al agua potable es una obligación del Municipio y de la operadora que administra la red. Porque si la ciudad crece, la infraestructura debe crecer a la par. Si falla, se corrige. Y si no se corrige, se sanciona. Así funciona un gobierno que se respeta y respeta a su gente. 

¿Qué pasa hoy con el agua en Daule? 

Lo primero que se observa son los cortes reiterados por roturas y presiones mal calibradas. Una red sin sectorización fina y sin válvulas bien puestas es una red frágil. Y de esa forma se rompe una línea y se cae medio sector. Entonces, eso no es “mala suerte” es falta de ingeniería y mantenimiento preventivo. 

Lo segundo que nos afecta es el agua turbia tras eventos climáticos. Ya sabemos que el río Daule puede traer sedimentos en temporada de lluvias, pero una planta robusta con reservas, dosificación automatizada y protocolos de contingencia aguanta el pico sin apagarle el servicio a los vecinos por días. Culpar al clima puede ser una salida fácil, pero lo que se necesita es gobernar bien. 

Por último, el déficit de gestión operativa y comunicación. Cuando la gente se entera del corte debido a rumores o noticias voz a voz, se presenta un problema mayor que el tubo roto, que es la ausencia de un sistema de información en tiempo real con avisos por sector y tiempos de reposición. 

¿Quién responde?  

En La Aurora, la operadora privada Amagua administra el servicio bajo un contrato con el Municipio de Daule. Entonces, la concesionaria debe garantizar continuidad y calidad. Por otra parte, el Municipio debe fiscalizar sin pestañear y aplicar sanciones si no se cumplen los estándares. La gente no tiene por qué cargar bidones mientras unos se pasan la pelota. 

La ruta que propongo es sencilla. Necesitamos auditoría técnica independiente, publicación de indicadores de servicio y un cronograma de mejoras con metas mensuales verificables por sector. ¿Qué pasa si no se cumple? Procedemos con la multa. Un contrato sin estrategia es solo propaganda. En cambio, un contrato con penalidades claras es defensa del bolsillo e integridad del ciudadano. 

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Del cobro al control del horario 

Es necesario entender que la extorsión funciona como un mecanismo de control territorial. Pues no solo extrae dinero, también fija reglas de uso del espacio, incluida la hora de cierre, porque impone rutinas bajo amenaza. Cuando ese patrón se instala, la vida de barrio se comprime a “horas seguras” y el comercio deja de marcar el ritmo de la calle. 

El fenómeno no nació ayer. A inicios de 2024, en la ciudad, el miedo causado por la criminalidad y delitos convexos ya había paralizado a una parte del comercio y empujado a cierres anticipados. Aquello fue una advertencia. Cuando el temor organiza la jornada, la economía local paga el costo primero.  

Impacto en bolsillo, tiempo y confianza 

Entre enero y mayo de 2025, el ECU-911 registró 3.092 alertas por extorsión a escala nacional, +81% respecto al mismo periodo de 2023. Además, uno de cada cinco reportes se concentró en la Zona 8 (Guayaquil–Durán–Samborondón), el entorno metropolitano inmediato de Daule. Esto no es un problema aislado, es un contexto regional que presiona al cantón. 

El primer impacto es medible. Menos horas abiertas significan menos ventas, menos flujo y menos consumo. A nivel macro, estimaciones del FMI para Ecuador sugieren que un +1% en la tasa local de homicidios se asocia con una caída de hasta 0,5% en la actividad económica. Entonces, el crimen erosiona el crecimiento por múltiples vías, y el “cierre temprano” es una de las más visibles en el barrio. 

El segundo impacto es cívico. Cuando la calle se vacía antes, se debilita el tejido cotidiano que sostiene la convivencia y crece la sensación de sálvese quien pueda. 

Casos que explican el clima 

El homicidio del dueño de un local en La Aurora, después de recibir extorsiones, no fue solo un crimen. Esto reforzó la decisión de muchos de adelantar la hora de cierre. La señal es clara para cualquier emprendedor y se refuerza la idea de que abrir más tiempo puede incrementar el riesgo. 

Hay, además, episodios de violencia letal dentro de urbanizaciones, que elevan la percepción de vulnerabilidad incluso en espacios con controles de acceso. Es un recordatorio de que la disputa criminal por rutas, rentas y reputación tiene alcance barrial.  

Conclusión 

Rechazar de manera masiva los crímenes es defender el tiempo útil del cantón, el empleo y la confianza mínima para producir y vivir. La firmeza, en este caso, no es estridencia. Es claridad. No hay desarrollo local sostenible con horarios dictados por el miedo. 

En Daule no vamos a vivir mirando el reloj del miedo. Somos un cantón que trabaja, cría a sus hijos y respeta la ley. Quien extorsiona le roba tiempo al que produce; y ese tiempo es vida. Es prioritario exigir resultados medibles y comunicación clara de cada operativo en nuestro distrito. Todo esto sin espectáculo, con datos, fechas y sentencias. Así recuperamos el horario del barrio. Con verdad, ley y carácter. 

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La solución a este problema es clara; se requiere una gestión moderna. Esto implica patrullaje por cuadrantes con metas por semana, tecnología que de verdad opere (no cámaras de adorno), y vecinos organizados con respuesta rápida. Sin excusas. Con resultados. 

¿Dónde están los focos?

En la parroquia de la Aurora, las urbanizaciones están bajo constantes amenaza de extorsión y robos, por eso, la demanda ciudadana es concreta. Se necesita más pie de fuerza, reacción rápida, lector de placas en accesos y botones de pánico conectados al ECU-911. Aquí la seguridad no puede ser genérica. 

En la parroquia Daule, el cuál es el centro con comercio intenso donde abunda mercado y zonas bancarias, requiere de patrullaje y videovigilancia activa. Reordenar el transporte, mantener iluminación y despejar veredas reduce oportunidades delictivas y mejora la percepción de seguridad. 

En Magro, la emergencia vial y los desvíos abrieron puntos vulnerables donde se requiere control de accesos y apoyo de la CTE en horas pico y patrullaje en zonas de transbordo. El Laurel no se queda atrás, urgen rondas mixtas Policía–CTE, controles en entradas/salidas y alarmas en comercios y gasolineras. 

¿Qué está fallando en Daule? 

Hoy la respuesta es lenta e impredecible porque no hay cuadrantes claros ni turnos medibles; esto se corrige con un mapa por parroquia, metas semanales y tiempos de llegada con resultados públicos. La tecnología está desconectada de la operación con protocolos por tipo de alerta y tablero de incidentes. La extorsión carece de persecución inteligente; urgen denuncias guiadas y anónimas, trazado financiero (cuentas, chips, giros) y operativos encubiertos con cadena de custodia 

Orden, luz y ley

Daule no necesita discursos baratos, necesita orden, luz y ley. Con cuadrantes bien mandados, tecnología operando y vecinos organizados, la inseguridad retrocede. La buena gestión contra la extorsión y el delito puede devolvernos la tranquilidad. Parroquia por parroquia, sin atajos y con números sobre la mesa. 

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